La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra el presidente Carlos Alvarado

La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra el presidente Carlos Alvarado, André Garnier, Ministro de Coordinación con el Sector Privado y Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOOP) por un presunto soborno en las negociaciones para la concesión del muelle de carga general de Puerto Caldera.

En la denuncia también aparece Ricardo Ospina León, CEO y Gerente de Sociedad Portuaria de Caldera (SPCC S.A).

La información fue confirmada por la oficina de Comunicación del Ministerio Público.

La denuncia fue presentada en diciembre del 2019 con número de expediente:
19-001207-0332 PE por los presuntos delitos de cohecho propio.

El caso es tramitado por la Fiscalía Adjunta en conjunto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial.

ANTECEDENTES

En la denuncia se cita la existencia de una presunta red criminal para obtener sobornos a través de las negociaciones vigentes en el país y que en la mayoría de las ocasiones cuenta con resultados ruinosos en los procesos de negociación.

La concesión actual del muelle de carga general de Puerto Caldera está en manos de la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC S.A) desde el 2006 por un período de 20 años, sin embargo la legislación nacional establece que NO se puede extender más allá de 20 años.

En el documento se cita una reunión entre el Presidente de la República y representantes del concesionario con el fin de presentar una propuesta de inversión por $150 millones con el propósito de mejorar las condiciones del puerto.

En la denuncia se indica que fue el 18 de noviembre del 2018 cuando la propuesta de ampliación de Puerto Caldera tocó las puertas de la Comisión Especial de Puntarenas por parte de los altos jerarcas de la Sociedad Portuaria de Caldera con el nombre de «Plan de Modernización».

El denunciante argumenta que la propuesta del concesionado lograría sastifacer la demanda actual de Puerto Caldera, no obstante, para después del 2020, el país estaría enfrentando nuevamente problemas por saturación y falta de infraestructura en dicho año.

HECHOS DENUNCIADOS

La denuncia indica que el Plan Maestro Portuario del Litoral del Pacífico se realizó a la medida de la propuesta de la concesionaria de Puerto Caldera con el fin de justificar una renovación o proceso de ampliación del contrato de concesión vigente.

Para dicho plan se contrató a la empresa holandesa Arcadis en sociedad con la costarricense Camacho y Mora, la cual se paga con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

«Aquí se evidencia un conflicto de Intereses para beneficiar a la concesionaria de Puerto Caldera en contra de los intereses nacionales que deben ser un puerto de primer nivel, el cual está muy largo de la propuesta presentada por la concesionaria y del resultado del Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, ambos que resultan prácticamente iguales» resume el documento.

En la denuncia se indica que la empresa Sociedad Portuaria de Caldera SPC S.A estaría ofreciendo sobornos por medio del presidente ejecutivo del INCOP y del Ministerio de Coordinación con el Sector Privado.

La persona denunciante cuestionó a André Garnier y solicitó si la intención de su puesto es «asegurar los negocios o sobornos al señor Carlos Alvarado Quesada presidente de la República».

Entre los ejemplos citados se encuentran la ampliación de la concesión de la Ruta 27 y la detención del nuevo aeropuerto de Orotina con el propósito de ampliar la concesión actual del Aeropuerto Juan Santamaría.

«No se entiende por qué razón el Presidente de la República define en última instancia la ampliación o no de las concesiones vigentes cuando existe un Consejo Nacional de Concesiones como ente técnico responsable de dichas decisiones.

Esto explicaría que por medio del sr. André Garnier Kruse, ministro de Coordinación con el Sector Privado, el sr. Carlos Alvarado Quesada estaría negociando sobornos a los actuales concesionarios para ampliar sus contratos, esto en detrimento de los intereses nacionales» resume la denuncia.

PROPUESTA EMIRATÍ

Dubai Ports World (DP WORLD) empresa estatal de Emiratos Árabes Unidos, presentó al gobierno una propuesta para invertir $1.400 millones en Puntarenas para el desarrollo de una serie de obras.

Dicha infraestructura sería modernizar el Puerto Caldera y del Puerto de Cruceros en Puntarenas, la construcción de una zona franca, la edificación de un área de logística , además de la concesión del proyecto del tren entre Puntarenas y Ciruelas.

En la propuesta que realizó la compañía Dubai Ports World (DW, World), no se contempla ninguna inversión por parte del Estado.

En la denuncia presentada en diciembre se indicó que la propuesta presentada por Dubai Ports World sería rechazada por el gobierno de Costa Rica, casi tres meses antes de que el gobierno resolviera dicho plan.

La diputada Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional, se refirió a la información que ha trascendido de que el presidente de la República, Carlos Alvarado y dos jerarcas, están siendo investigados por aparente ‘soborno’.

«Esta noticia no puede pasar desapercibida», exclamó Nicolás.

«Pues se trata de una aparente red criminal para obtener sobornos a través de concesiones hechas a la medida para favorecer a una empresa en particular», aseveró la legisladora.

Con informaciòn de elmundocr
Compartir

3 Comments

  1. DABAI HABRÍA OTORGADO MIL MILLONES DE DÓLARES POR ESA CONCESIÓN. SERÁ ACASO QUE COMPRARON LAS ACCIONES DE LA CONCESIONARIA ACTUAL?

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*